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State of California Department of Justice
Rob Bonta
Attorney General
Attorney General
La procuradora general Harris, dijo: “Debemos estar atentos a los depredadores, como los abogados y consultores de inmigración inescrupulosos, que se aprovechan de los inmigrantes indocumentados y vulnerables, y luego suelen usar la intimidación para evitar que denuncien estos delitos. La estafa de Cabrera ha despojado a docenas de inmigrantes de los ahorros que tanto les ha costado ganar y ha destrozado familias. Los estafadores que se aprovechan de los inmigrantes, que intentan abrirse paso en un sistema complicado, deben rendir cuentas de sus actos”.
El acta de la orden de detención alega que Cabrera con frecuencia se presentó como un abogado y prestó asesorías y servicios legales, llegando a cobrar hasta $9000. A pesar de carecer de una autorización o licencia para ejercer el derecho, se presentó en las plataformas de medios más importantes, en inglés y español, como un abogado experto en inmigración, con un comprobado historial de éxito ayudando a inmigrantes. El acusado usó su imagen destacada para atraer clientes, a quienes luego embaucó.
Cabrera repetidamente engañaba a sus víctimas sobre el estado de sus casos, les daba información incorrecta acerca de su elegibilidad para el remedio migratorio y completaba los formularios de inmigración incorrectamente, mientras que seguía recibiendo el dinero de las víctimas. Cabrera también ignoró a las víctimas, o les mintió, para evitar darles un reembolso, en ocasiones por miles de dólares, mientras que negaba haber cometido actos ilícitos. En algunas oportunidades, el mal manejo que Cabrera tuvo de los casos migratorios tuvo consecuencias irreparables, como la deportación de los familiares de las víctimas.
El acta de la orden de detención también alega que Cabrera prestó servicios de consultoría migratoria sin haber completado el registro necesario con la Secretaría de Estado de California, y que él y su esposa, Maria Marcelina Rodas, conspiraron para violar la Ley de Consultores de Inmigración.
El Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles jugó un papel decisivo al contactarse con las víctimas de las argucias de Cabrera e investigar sus quejas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Dirección de Detección del Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), también ayudaron con la investigación.
La Procuraduría está trabajando con organizaciones sin fines de lucro y clínicas jurídicas para asegurar que las víctimas estafadas por Cabrera reciban ayuda legal.
Se anima a todas las personas que hayan recibido ayuda migratoria de Cabrera o CLI, y crean que pueden ser víctimas de fraude, a ponerse en contacto con el Departamento Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles inmediatamente llamando al 323‑881‑7099.
Es compromiso de la Procuraduría proporcionar a las comunidades de inmigrantes información precisa sobre el sistema legal y romper las barreras que desaniman a los inmigrantes de denunciar violaciones del derecho civil y penal. En 2015, la procuradora general Harris publicó un boletín de cumplimiento normativo en el que resumió la Ley de Equidad para Inmigrantes Víctimas de Delitos de California (SB 674), que orienta a los organismos responsables del orden público de California sobre cómo cumplir con los requisitos de la nueva visa U, que pretendía ayudar a los fiscales a obtener condenas y fortalecer la relación de confianza entre las autoridades y las comunidades de inmigrantes.
Previamente, la procuradora general Harris publicó dos boletines informativos para los organismos responsables del orden público en los que describe sus responsabilidades en relación con el cumplimiento de las órdenes de detención de inmigrantes indocumentados emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El boletín actualizado, publicado en junio de 2014, informó a los organismos de las nuevas exigencias que enfrentan desde la promulgación de la Ley TRUST sobre Transparencia y Responsabilidad en el Uso de Herramientas del Estado y la nueva jurisprudencia federal que creó un riesgo legal para los organismos responsables del orden público locales que cumplen voluntariamente con las órdenes de detención federales.
La procuradora general Harris también publicó una serie de alertas al consumidor sobre temas que afectan a las comunidades de inmigrantes y, en 2015 y 2016, organizó una serie de foros en todo California para proporcionar información a miles de inmigrantes y sus familias sobre las acciones ejecutivas del presidente Obama relacionadas con la inmigración y brindarles consejos sobre cómo evitar ser estafados por falsos consultores de inmigración y otras prácticas fraudulentas.
La Procuraduría es una de las fuerzas especiales encargadas de trabajar a nivel local y nacional contra el ejercicio ilegal del derecho (UPIL), que investigan y procesan los casos de fraude migratorio.
Tenga en cuenta que una orden de detención contiene solamente las acusaciones en contra de una persona y, como con todos los acusados, se presume la inocencia de Oswaldo Rafael Cabrera y Maria Marcelina Rodas hasta que, o a menos que, se demuestre lo contrario.
La denuncia que fue presentada en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, está adjunta a la versión electrónica de este comunicado de prensa, e incluye los 22 cargos por delitos graves junto con una copia de la orden de arresto. La puede encontrar en http://www.oag.ca.gov/news.
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 Cabrera Complaint_Redacted.pdf | 3.56 MB |